Córdoba.- “Motivos de Seguridad”, según un reporte
oficial del gobierno municipal, fue la causa por la que se ha detenido
el proceso de compra de una casa en la calle 1, en el centro de Córdoba,
por donde necesariamente tendría que pasar el puente que, parte del
“caminatorio” –la obra cumbre de la actual administración- se construirá
en los próximos meses.
Los motivos de seguridad, sin embargo, no se detallan. ¿Seguridad para quién?
La única seguridad que ahora se busca, es que un
proceso de compra-venta amañado, absolutamente corrupto, no salga a la
luz pública.
Ese predio, esa casa, está deshabitada. Fue abandonada
por sus propietarias y sus familiares hace semanas, y no cuando se la
vendieron al gobierno municipal, sino a un vival que se enteró, por
poseer información confidencial y privilegiada, que el gobierno tendría
que adquirirla; que se adelantó al gobierno municipal, del cual forma
parte.
Al menos tres sesiones de Cabildo han involucrado el
tema de la compra de este predio. En la segunda, se aprobó por mayoría
de votos la compra en la exorbitante cantidad de tres millones 444 mil
pesos. Lo cierto es que semanas o meses antes, se había vendido en
menos, muchísimo menos.
Todo este “negocio” involucra a empleados municipales.
Una de las propietarias de la casa es madre de Alicia y Josefina
Domínguez Serna, quienes trabajan como secretarias, una en la Regiduría
Primera y otra en Servicios Municipales. Ellas vivían ahí con sus hijos
Alfredo Soto Domínguez (asistente en el Registro Civil), Aide Alicia
(asistente de Cultura Pública), e Ingrid Gómez Domínguez (asistente en
la Tesorería Municipal).
Pero involucra también a otros empleados,
particularmente al Síndico Luis Alberto García Hernández, quien estaría a
cargo de los trámites de adquisición del predio, del contrato de
avalúo, y de las negociaciones correspondientes. Negociaciones que
colocan a este personaje en dos diferentes momentos, uno para adquirir
la casa a sus propietarias, a un precio bajo, y otra a vender la misma
casa, a un precio altísimo.
En diversos momentos, el Síndico ha negado conocer a
los propietarios de la vivienda. Pero los cinco son empleados
municipales, lo que lo desmiente. El tráfico de influencias se suma a la
presión hacia las empleadas municipales y sus hijos. La casa fue
deshabitada incluso antes de que el Cabildo aprobara por mayoría de
votos la compra. Ya deshabitada, se anuncia que por motivos de seguridad
las propietarias se rehúsan a venderla.
El precio que se pagará, según el acuerdo aprobado por
mayoría, es similar al de una casa nueva, elegante, moderna y en uno de
los mejores puntos de Cancún, con alberca incluida. Pero también, el
precio por metro cuadrado propuesto y aprobado, es más alto que el que
se pide por terrenos en la zona más cara de la ciudad de Córdoba, en el
Fraccionamiento Campestre.
Además, el valor catastral de este predio lo sitúa por
debajo del millón y medio de pesos, y el Síndico metió el punto a
Cabildo, con una cantidad superior al doble del valor catastral.
Por ello, pero también por información llegada a
nuestra redacción, que nos indica que el síndico Luis Alberto García
Hernández, con la complicidad de Tomás Ríos y de otros funcionarios
corruptos de la actual administración, primero compraron la casa,
pagando lo menos posible, para después venderla al propio gobierno del
cual forman parte, en los más de 3.4 millones de pesos aprobados.
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